Para reducir la evasión, definir una meta concreta
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El ministro de Hacienda ha redoblado sus esfuerzos para lograr un acuerdo que le permita ingresar al Congreso un nuevo proyecto de ley de reforma tributaria, en donde la reducción de la evasión estaría considerada tal como ocurrió con el proyecto anterior.
No es fácil determinar la magnitud de recursos que están contenidos en dicha categoría, ya que una parte de ella corresponde a transacciones que realizan personas de manera informal, sin pagar el correspondiente IVA ni los impuestos a la renta respectivos. Un ejemplo de ello es el retail informal digital, en donde las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) indican que el 9% de las transacciones del sector comercio en canales digitales nacionales fueron de tipo informal durante el primer trimestre del año.
Avanzar en el diseño de una nueva propuesta tributaria debe contar con estimaciones de evasión más robustas que las actuales.
Al sumar las transacciones internacionales, la CNC estimó que 8 de cada 100 pesos corresponden a compras en comercios no establecidos, sumando entre enero y marzo del presente año un gasto de US$ 187,6 millones, con una pérdida fiscal de $ 35,6 millones. De hecho, durante el año pasado las compras informales a través de plataformas digitales sumaron un total US$ 1.388,4 millones y una perdida por concepto de evasión de IVA de US$ 263,7 millones.
En el IVA en particular, el estudio de Jorrat y Martner (2020) cifraba en 21,3% la evasión de IVA, equivalente a un 2,2% del PIB. Sin embargo, un estudio de la CEPAL llegaba a cifras algo menores para la estimación de la evasión total, lo cual da cuenta de la necesidad de actualizar estas estimaciones para lograr acotar la evasión actual y la reducción que es factible en el mediano plazo.
Avanzar en el diseño de una nueva propuesta tributaria debe contar con estimaciones de evasión más robustas, que permitan comprometer gasto permanente como lo es el aumento de la PGU, ya que plantear metas inalcanzables de reducción finalmente podría dejar sin financiamiento gastos estatales que estarán presentes de manera recurrente.
